La transformación digital es una fuerza imparable que está revolucionando todos los aspectos de la vida moderna, desde la economía hasta la educación y el ámbito social. Sin embargo, este avance conlleva una vulnerabilidad creciente: la seguridad digital. Hoy, las amenazas digitales son tan reales y perjudiciales como las físicas, y los ciberataques ya han demostrado su potencial de afectar a administraciones públicas, empresas y ciudadanos a nivel global. Para evaluar el compromiso de los países con la ciberseguridad, uno de los indicadores clave es el Índice de Ciberseguridad Global, elaborado periódicamente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Este índice mide los esfuerzos de 194 países en cinco áreas fundamentales: legal, técnica, organizativa, desarrollo de capacidades y cooperación internacional.
A medida que avanza la digitalización, la regulación de sectores críticos para la Seguridad Nacional se vuelve esencial. La Unión Europea, consciente de esta necesidad, prevé incrementar la intervención en sectores estratégicos para fortalecer su ciberdefensa y la resiliencia de sus infraestructuras. En este contexto, los gobiernos europeos han comenzado a promover la creación de cuerpos de “ciberreserva“, formados por expertos civiles y militares preparados para responder a ciberataques de gran escala. En algunos países, como Israel, esta preparación se inicia incluso en adolescentes, quienes reciben formación avanzada en ciberseguridad como parte de su servicio militar. España también planea implementar su propia ciberreserva, siguiendo el ejemplo de otros países europeos y de Estados Unidos.
La necesidad de fortalecer la ciberseguridad es una realidad ineludible. El impacto global de acciones como WannaCry, que en 2017 paralizó 141.000 sistemas en todo el mundo, evidenció la capacidad de estos ataques para desestabilizar sistemas críticos.
La ciberseguridad no es solo una medida preventiva, sino una estrategia de defensa y protección.
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